Al hablar de la buena administración, por lo general no se suele relacionar con un derecho, más bien se hace relación a una cualidad positiva referida a la eficiencia y eficacia con la que una persona, una empresa o una institución pública administra sus recursos en aras de obtener el mayor beneficio posible.
Particularmente en el ámbito de la Administración pública, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el año de 2016, en su artículo 41, se hace mención del derecho de todas las personas con respecto a la buena administración ante las instituciones y órganos públicos. Es importante que consideremos a esta carta como pionera en visibilizar a la buena administración como un derecho humano.
Si se revisa y analiza con detenimiento la definición de buena administración en la carta mencionada, podemos detectar conceptos básicos que giran en torno a ella para poder entenderla, conceptos dirigidos a las cualidades y/o formas de actuar debidas de un gobierno como, por ejemplo: gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure el interés público y el combate a la corrupción.
Dicho lo anterior, es momento de que en México se deje de percibir a la buena administración como simplemente una cualidad positiva que no repercute realmente en la calidad de vida de las personas que integran a nuestra sociedad, debemos percibirla como un derecho fundamental, un derecho humano al que toda persona sea acreedora por el simple hecho de ser humano, tal y como ya se ha hecho en Europa.
Las consecuencias de la mala administración van más allá de la percepción social de ineficiencia e ineficacia generalizada respecto a la forma de gobernar y administrar las instituciones públicas por los tomadores de decisiones en nuestro país, la mala administración acarrea como consecuencias negativas, por ejemplo: pobreza, inseguridad, corrupción, incertidumbre jurídica, por enunciar solo algunas. La mala administración vulnera los derechos humanos de las y los ciudadanos desde distintas vertientes, al desprotegerlos y situarlos en distintas formas de vulnerabilidad.
Por increíble que parezca, la legislación federal mexicana no cuenta aún con ninguna ley que mencione y visibilice textualmente a la buena administración como un derecho fundamental. Si bien en nuestra legislación contamos con leyes específicas que abordan temas relacionados con los componentes de una buena administración, como por ejemplo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se necesita visibilizarla, es decir, hacer mención de ella, conceptualizarla de manera clara y puntual.
A nivel local en nuestro país, solo la Constitución Política de la Ciudad de México conceptualiza y visibiliza a la buena administración de manera textual y clara.
Aunque bien se dice coloquialmente que no basta con legislar para aminorar o erradicar las problemáticas sociales con las que lidiamos cotidianamente en nuestro país, es de suma importancia que sigamos el ejemplo de la Unión Europea en cuanto a la legislación y visibilización del derecho humano a una buena administración.
En la actualidad como sociedad, cada día es más común el hecho de que detectemos problemáticas que en el pasado no eran consideradas como tal, al respecto hemos aprendido que no basta legislar, va más allá de ello. El cambio de cultural respecto a las formas de actuar que se pretenden erradicar debe tener como base la visibilización del problema. Sin embargo, en aras de los esfuerzos para que entendamos a la buena administración como un derecho humano debemos sin duda incorporar a nuestros ordenamientos jurídicos y a nuestra legislación federal vigente el término “buena administración”, tal y como se ha llevado a cabo por parte del Parlamento Europeo y, a nivel local por parte del Congreso de la Ciudad de México. El objetivo de ello es sentar las bases para que las y los ciudadanos sepan que tienen derecho a un buen gobierno más allá del discurso, el hecho de considerar a la buena administración como un derecho humano, dota a la ciudadanía de las herramientas necesarias para una plena exigibilidad del cumplimiento jurídico y administrativo de ello. Aunque si bien no basta con ello, son sin duda los cimientos para que creemos nuevos conceptos y paradigmas al respecto del correcto actuar gubernamental en nuestro país.
Daniel Alejandro Acosta Aguirre
Daniel Acosta 
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